El aumento de la deforestación en metas climáticas puede impedir que Brasil cumpla sus metas climáticas

Para proteger las fronteras amazónicas que aún quedan preservadas, es necesario implementar acciones efectivas basadas en la legislación ambiental.

Esta es la advertencia que se lee en la carta intitulada “Protejan las Tierras Indígenas de la Amazonia”, publicada en la revista Science. La misiva lleva las firmas de los investigadores Guilherme Augusto Verola Mataveli, de la División de Observación de la Tierra y Geoinformática del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil, y Gabriel de Oliveira, de la University of South Alabama (de Estados Unidos).

En la misma edición, publicada el día 21 de enero, dos científicos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa, Brasil) –Lucas Ferrante y el biólogo Philip Fearnside– escriben sobre los riesgos de la minería y sobre los pueblos indígenas en el país.

“Brasil cuenta con buenas leyes ambientales que, en teoría, poseen potencial como para disminuir e inhibir la deforestación. Pero el quid de la cuestión reside en forzar el cumplimiento de esas leyes. Ese constituye el primer paso, que debe estar asociado a otros a largo plazo, tales como la promoción de la educación ambiental, la valorización de la selva en pie que promueva la generación de ingresos para las comunidades que viven en la Amazonia y la reanudación y el fortalecimiento de las medidas previstas en el Plan de Acción para la Prevención y el Control del Desmonte en la Amazonia Legal (PPCDAm). En el pasado, dichas medidas se mostraron efectivas”, afirma Verola Mataveli, quien es becario de posdoctorado de la FAPESP.

El mencionado PPCDAn fue concebido en 2003 con el objetivo de reducir en forma continua la devastación y generar las condiciones como para efectuar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible de la región. No obstante, la cuarta fase del proyecto, que se extendería hasta 2020, se vio deshidratada e interrumpida. Recientemente, en Glasgow, durante la Conferencia del Clima (COP-26), el gobierno federal brasileño anunció el compromiso de Brasil tendiente a eliminar la deforestación ilegal para el año 2028.

En la carta, los investigadores caratulan como un “aumento dramático” al recrudecimiento de los índices de desmonte en la denominada Amazonia Legal Brasileña desde el año 2019. El año pasado se llegó al nivel más alto de los últimos 15 años: fueron 13.235 kilómetros cuadrados (km²) deforestados en 12 meses (entre agosto de 2020 y julio de 2021). Eso corresponde a un área algo menor que Irlanda del Norte, un país con una superficie de 14.130 km².

También fue un 69 por ciento mayor que el promedio anual registrado desde 2012, de acuerdo con datos del Proyecto de Monitoreo de la Selva Amazónica Brasileña vía Satélite (Prodes), del Inpe. Reconocido internacionalmente, el Prodes está considerado como la herramienta más precisa para estimar las tasas anuales de desmonte en la Amazonia, mediante el monitoreo por la tala rasa o al ras, realizado con la misma metodología desde el año 1988.

En la revista científica, los investigadores citan que el aumento del desmonte llega incluso a áreas de conservación que abarcan tierras indígenas, que deberían funcionar como una especie de “escudo” contra la devastación. En las TI, la tasa promedio anual de desmonte durante los últimos tres años se ubicó un 80,9 por ciento por encima del promedio anual registrado desde 2012, y llegó a 419 km².

La TI Apyterewa, ubicada en el municipio de São Félix do Xingu, en el estado brasileño de Pará, concentró el 20,7 por ciento de toda el área deforestada en tierras indígenas el año pasado. Esta TI ya había perdido 200 km² de selva entre 2016 y 2019, con lo cual su área devastada creció de 362 km² (lo que representaba el 4,7 por ciento de toda su extensión demarcada) a 570 km² (el 7,4 por ciento). Este avance resultó en un crecimiento de las emisiones de gases contaminantes, fundamentalmente provocadas por los incendios forestales, tal como se consigna en un artículo publicado en 2020 en la revista Forests, en cuya redacción participaron Verola Mataveli y De Oliveira.

“Al estudiar los datos satelitales, detectamos que la conversión de bosques se concreta fundamentalmente para abrir pasturas y para la agricultura. Pero localizamos algunos puntos de minería dentro de la TI. Con relación a las emisiones de gases contaminantes, registramos un aumento en el referido período, pero no prosiguió al mismo ritmo, ya que el desmonte no siempre se concreta mediante el uso del fuego”, afirma Verola Mataveli, quien integra el equipo que lleva adelante un Proyecto Temático vinculado al Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales (PFPMCG), cuyo investigador principal es Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão, también del Inpe.

La legislación

En el texto publicado en Science, los científicos informan que no se implementó “ninguna acción efectiva” para detener a los invasores de la TI Apyterewa, del pueblo Parakanã, tras la advertencia formulada en el artículo publicado en Forests en el año 2020. El gobierno federal brasileño homologó el área de demarcación administrativa de la TI en el año 2007. Desde entonces existen causas en trámite en la Justicia que cuestionan el decreto alegando, entre otros motivos, que en esa época no hubo lugar para la amplia defesa y la contradicción por parte de no indígenas.

El día 9 de marzo, la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Brasil, denegó por unanimidad el pedido del municipio de São Félix do Xingu de anulación de la homologación. En una nota dada a conocer el año pasado, la Municipalidad de São Félix afirmaba entre otros puntos que más de una década antes de la demarcación residían en el área entre 4.000 y 5.000 colonos no indígenas, que deberían permanecer en el área.

En otro estudio publicado por un grupo del cual Verola Mataveli formó parte y que contó con la participación del investigador del Inpe Gilberto Câmara, los científicos apuntaron entre sus resultados los riesgos para los territorios indígenas provenientes de la especulación inmobiliaria, aparte de un proceso aparejado de pérdida de características, con bosques primarios convertidos en pasturas y un aumento de las emisiones de material en partículas finas asociado a incendios. En ese trabajo, publicado en la revista Land Use Policy, el enfoque recayó sobre la tierra indígena Ituna/Itatá, en la localidad de Altamira, también en el estado de Pará.

“La conservación de las tierras indígenas es primordial para cumplir los compromisos legales de Brasil, mantener la estabilidad ambiental en la Amazonia, combatir los cambios climáticos y asegurar el bienestar de la gente. La existencia de leyes tendientes a preservar los bosques remanentes de la Amazonia y los derechos de los pueblos tradicionales no es suficiente. Se hacen necesarias acciones efectivas de aplicación de la ley con miras a proteger las últimas fronteras amazónicas intactas y preservadas”, culminan diciendo los investigadores en Science.

Ante la consulta por medio de su asesoría de comunicación para que se manifieste sobre el artículo publicado en la revista científica, la Fundación Nacional Indígena (Funai) de Brasil no respondió hasta la publicación de este texto (publicado originariamente en portugués el día 6/4). A comienzos de año, en el balance disponible que figura en su sitio web, la Funai informó que destinó alrededor de 34 millones de reales a acciones de inspección en TI de Brasil durante el año 2021, y que puso en marcha la contratación de personal temporal para trabajar en barreras sanitarias y puestos de control de acceso.

El día 31 de marzo, un informe dado a conocer por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y por Climate Focus apunta que los pueblos originarios constituyen una especie de “salvadores silenciosos” de los bosques.

Y señala que Brasil, Colombia, México y Perú no lograrán cumplir con sus metas climáticas para el año 2030 en caso de no proteger las TI. Sucede que, en esos cuatro países, las áreas protegidas por indígenas capturan casi un millón de toneladas de CO₂ diarias, más del doble por hectárea en comparación con áreas no indígenas.