Ante las desigualdades y la vulnerabilidad socioeconómica y sanitaria acentuadas por COVID-19 en algunos grupos poblacionales, un equipo internacional de investigadores recomienda políticas específicas a gobiernos y otros actores para ayudar a reducir los impactos de la pandemia y la profundización de las desigualdades.
En un artículo publicado en la revista The Lancet los autores proponen, entre otras cosas, fortalecer los sistemas de protección social y fomentar las relaciones entre gobierno y sociedad civil con el fin de defender el acceso universal a los servicios de salud y la protección a las poblaciones vulnerables.
“El mundo se encuentra en un momento históricamente crucial, que requiere la colaboración y cooperación de todos los sectores para mitigar las brechas de desigualdad y mejorar la salud y el bienestar de las personas con cobertura universal de salud y protección social, así como la implementación del enfoque de salud en todas las políticas”, afirman los autores.
Ellos revisaron otros estudios y análisis sobre la pandemia en bases de datos de la ONU, UNICEF, OMS, Banco Mundial, entre otros. Con eso, sintetizaron las evidencias de cómo la pandemia ha agravado situaciones negativas para grupos vulnerables: quienes enfrentan exclusión debido a su edad, discapacidad, etnia, género, nivel de ingresos, orientación sexual, situación migratoria o que se encuentran en áreas de conflicto o padecen enfermedades crónicas, por ejemplo.
Virgílio Viana, superintendente de la Organización No Gubernamental brasileña Fundação Amazônia Sustentável (FAS) y uno de los autores del artículo, dice que se necesita un enfoque sistémico para comprender mejor la complejidad del impacto de COVID-19 en los segmentos más vulnerables del mundo y que, por tanto, el estudio incorporó perspectivas de diferentes partes del planeta.
Él explica que los ejes principales del estudio fueron la desigualdad social y de ingresos, el acceso a los servicios básicos de salud, el agua potable, el saneamiento y la higiene, y también la alimentación.
“La pandemia sirvió como factor para agravar estas desigualdades”, dijo Viana a SciDev.Net. Por ejemplo, los estudiantes que viven en regiones remotas tienen menos acceso a Internet y, por lo tanto, menos acceso a la educación en línea durante la pandemia. “Este fue un factor de desigualdad muy grave”, evalúa.
Casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, según los autores. Por eso, otra de las recomendaciones es proporcionar equidad digital para todos, con el fin de asegurar “compromisos globales para proveer acceso universal a Internet, haciendo que la información, la educación a distancia y las oportunidades de teletrabajo y telemedicina estén disponibles para todos los hogares”.
“El acceso a los servicios de salud pública no es uniforme en toda la sociedad. En particular, los segmentos más vulnerables tienen menor acceso a estos servicios básicos”, dijo Viana. Un ejemplo es la Amazonía brasileña, una región que enfrenta desafíos logísticos para ofrecer servicios de salud a la población en las zonas más remotas, a pesar de que Brasil tiene un sistema público universal de salud.
“Necesitamos repensar el servicio de salud pública para el contexto de comunidades aisladas en la Amazonía”, dijo.
[Este es] “el momento de defender la cobertura sanitaria universal. Un artículo como éste arroja luz sobre la importancia de esto. Pero tenemos que ir más allá y activar esta cobertura universal”.
Elize Massard, investigadora en las áreas de Política Social y Salud Pública de la Fundación Getúlio Vargas, Brasil
Viana cita un ejemplo de cómo el sistema público consideró las desigualdades para adaptarse y atender a poblaciones vulnerables: las comunidades del Amazonas estaban recibiendo vacunas COVID-19 para ser distribuidas por grupos de edad, como era el caso en la mayoría de las ciudades. “Pero esa estrategia no funcionó en estas regiones, porque el costo de la logística era mucho más alto que el costo de la vacuna”, explicó.
Por eso, un comité científico coordinado por la FAS hizo una recomendación a los gobernadores, que llegó al Ministerio de Salud, y que finalmente cambió la política de vacunación para que estas poblaciones aisladas fueran inmunizadas de una vez.
Para Elize Massard, investigadora en las áreas de Política Social y Salud Pública de la Fundación Getúlio Vargas (Brasil), quien no participó del estudio, las recomendaciones son muy importantes, pero el desafío es ponerlas en práctica.
Ella dijo a SciDev.Net que el artículo coincide con directrices como las del Global Health Security Index, que muestra lo que los países deben hacer para prepararse para una pandemia. “[Brasil] ya lo tenía listo, pero no fue suficiente. Ahora COVID-19 nos ha demostrado que estas políticas públicas deben ponerse en práctica”, comentó.
Para Massard, este es “el momento de defender la cobertura sanitaria universal. Un artículo como éste arroja luz sobre la importancia de esto. Pero tenemos que ir más allá y activar esta cobertura universal”.
> Enlace al artículo en The Lancet
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